Carta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en relación a la Ley de Obras Públicas

Después de confirmar que se desechaba la iniciativa «bodrio» de LOP, envié una carta a la Comisión del Senado que revisa las iniciativas de LOP, para documentar y hacer constar mis observaciones y los principales errores, deficiencias y sesgos de las iniciativas y legislación de Obra Pública.

Agosto 2017

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial            LXIII Legislatura                                                                                 Senado de la República                                                                               P r e s e n t e

At’n. Lic. Fernando Cota Acuña

Secretario Técnico de la Comisión

 

En concordancia con nuestra conversación telefónica, me permito presentar mis comentarios generales a la iniciativa de Ley de Contrataciones de Obras Públicas.

Lo mas grave es que mantiene las deficiencias de fondo de la primera Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada el 4 de enero del 2000, de todas las reformas hasta la octava publicada el 11 de agosto del 2014. Las que solo han consistido en cambios de forma que han eludido las raíces y sustancias de los problemas.

La principal falla es la indefinición del objeto de la Obra Pública, que no resuelve la ley ni el cambio de denominación a Contrato. El objeto patente de la primera Ley de Obras Publicas era:

“regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas”

Declaraciones que no respaldan el articulado de esa ley, como lo demuestra mi libro: “Disección de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”. Cuyo contenido y conclusiones no pierden vigencia para ninguna de las ocho reformas publicadas, ni para las iniciativas no publicadas, incluyendo la actual.

La declaración del objeto incoherente con el contenido de la ley, se cambió en la quinta reforma, que se publicó el 28 de mayo de 2009, por otra declaración que tampoco la respalda el articulado de la ley.

El nuevo objeto declara que:

“tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen”

 Lo que es un cambio de apariencia del objeto de la ley que no subsana la deficiencia de fondo, ya que el Artículo 134 Constitucional instruye:

 Articulo 134. Los recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del distrito federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administraran con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Y resulta que la eficiencia y la eficacia son dos condiciones que califican la forma en la que se alcance un objetivo. Por lo que si el objeto no esta clara, precisa y exactamente determinado. No es posible cumplir las condiciones de eficiencia y eficacia. No se puede ser eficaz ni eficiente para lograr algo impreciso.

La deficiencia de la indefinición del objeto sigue persistiendo en la última iniciativa, la de 2017. A la que se le cambia la denominación de “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, por la de “Ley de Contrataciones de Obras Públicas” Y se mantiene intacto el primer artículo.

El capítulo de las obligaciones de la doctrina del Derecho, al que pertenecen los contratos, aclara que lo fundamental de cualquier contrato es tener determinado en forma clara y precisa el objeto del contrato. La consistencia de un contrato radica en la especificación de su objeto.

La definición del objeto de la obra permite saber cuando inician los trabajos, lo que va a costar la obra, el día y hora de la terminación de los trabajos y lo que se va a entregar. Mientras que gracias a la opacidad del objeto de la obra, se sabe cuando arrancan los trabajos, pero no se sabe lo que van a terminar costando, lo que va a tardar la obra, ni lo que van a entregar. La que indiscutiblemente es la situación actual.

Y repito que esta es apenas una deficiencia, que si bien es de un aspecto toral, no es la única. Pero en vez de distraer con enfoques de los vacíos y pifias de la ley e iniciativas, por la frivolidad e irresponsabilidad con la que se ha tratado, considero más importante llamar la atención a los alcances y consecuencias para el país y la sociedad, que tiene la normatividad en materia de obra pública.

La diferencia en el avance de las sociedades, la explica la diferente racionalidad que cada una ha aplicado en sus contactos con la Naturaleza. La infraestructura física es la interfase o aparato de adaptación de la civilización con la Naturaleza. La obra pública es el mecanismo con el que la sociedad debe administrar su frontera de contacto con la Naturaleza. Frontera a la que nuestro país no le presta la atención debida. Como lo comprueba el análisis cuantitativo, pág. 340 y el análisis cualitativo, pag. 345, en el capítulo “Esquema del Mundo”, de mi libro “¿A Dónde Vamos, México? ¡Fe de Erratas del Desarrollo Nacional!

Esos análisis explican la razón física del subdesarrollo del país y del atraso social. Y exponen la barrera material que detiene el avance y el crecimiento económico. De la discriminación y segregación social. Y de estancamiento y regresión de las profesiones que cultivan el conocimiento de una frontera del hombre con el mundo material. Alcances que debieran ser suficientes para que a la normatividad relativa a la administración de la frontera de contacto físico de la sociedad con la Naturaleza se le preste el respeto y la atención debida.

Sin el único interés al que se le ha prestado en forma mustia en la ley es que cualquier dependencia con recursos públicos los pueda dilapidar en la forma que mejor plazca a funcionarios ignorantes en la materia. Lo que es una falta de respeto a la sociedad, a los recursos públicos, a las profesiones y a la inteligencia. Ejemplos sobran.

Normar la administración de la frontera física de la sociedad con la Naturaleza, es un problema de tal magnitud, que rebasa por mucho los alcances de una ley de obras públicas o de contrataciones. Antes de pensar en construir nada se debe racionalizar la situación física del territorio, para subsanar sus afectaciones y aprovechar sus potenciales.

La infraestructura es la llave que abre la Naturaleza y hace accesible al hombre los recursos naturales. Para que el hombre con su trabajo e inteligencia construya su bienestar y prosperidad material. Lo que hace una torpeza enorme construir más infraestructura física que los recursos naturales disponibles. Como también lo es construir más estructura que la infraestructura disponible.

Por eso antes de una ley de obras públicas se debe publicar una adecuada Ley de la Planeación Física del Territorio. Uno de cuyos productos serán las obras que deban construirse.  Las que prometan el mayor beneficio para la sociedad, para el mayor número de habitantes, en la mayor extensión territorial, durante el mayor tiempo.

Actualmente a los recursos que se pierden en obras mal manejadas, se le debe agregar el monto de los recursos que se distraen en obras que no benefician al país ni a nadie o que francamente son perjudiciales. De esto hay mucho que decir y ejemplos sobran a la vista de todos.

Ya después de determinar la obra que prometa el mayor beneficio a la sociedad se puede pensar en resolver la obra. Para lo cual se debe tener claro todas las ingenierías que intervienen. No es la misma ingeniería la de planeación, que la de proyecto, que la de construcción, ni las anteriores con la del control de calidad. Y en la planeación física del territorio deben participar otras culturas profesionales diferentes a las ingenierías (biólogos, botánicos, agrónomos, etc.)

Todos son conocimientos y capacidades diferentes. Y todas hacen falta para resolver de la mejor manera posible la necesidad, alcances y características de una obra, lo que hace necesario que la normatividad de la planeación física del territorio y la de obras públicas respalden y den seguridad al ejercicio de las disciplinas profesionales que debe involucrar cada una.

Lo que nos descubre otra cara del problema, que es una Ley de profesiones que equilibre los meritos de cada disciplina con la jerarquía y reconocimiento social y ponga a los colegios y asociaciones profesionales en su lugar y nivele los derechos y obligaciones de cada gremio para que reconozcan su obligación con el fin supremo de toda actividad, de superar la practica. Mi libro La anomia se dedica a este tema.

Ya teniendo resueltos estos preámbulos normar la obra pública resulta de lo más sencillo. Dado que solo consistirá en cuidar que se haga todo lo que deba hacerse, que participe todo el que deba hacerlo y que solo se le llame ingeniería a lo que en verdad lo sea. De forma que todo lo que deba calcularse este calculado y respaldado con la firma del profesional comprometido. Para que si algo falla se tengan responsables y culpables.

No como la situación actual, que gracias a lo que falta y a los galimatías existentes, la “obra pública”, por la magnitud de recursos que permite desviar y la impunidad que garantiza, se ha convertido en la herramienta de corrupción predilecta de los “servidores públicos” inmorales o amorales y un hoyo negro.

  A t e n t a m e n t e

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_urbano/docs/LCOP/ANGEL.pdf

Obra pública corrupción y despilfarro

diciembre 2015

Despilfarro

Según Adam Smith “Las naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y errores de los particulares sino por los de la mano pública”.

En la reapertura del último tramo de la línea 12 el Dr. Miguel Ángel Mancera con palabras mas o menos, declaró que la línea 12 había salido “tan cara” porque tenía “mayor longitud y amplitud” que las demás, que no se iba a volver a cerrar y que su mantenimiento iba a ser muy caro, continuo y detallado.

Es inconcebible el cinismo y descaro que han alcanzado nuestros servidores públicos. El Artículo 134 Constitucional instruye que “los recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del distrito federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administraran con eficiencia, eficacia y honradez”.

El costo desmesurado de la Línea 12 no se debe a su longitud ni “amplitud” (sea esta la que sea) sino a la ineficacia, ineficiencia, deshonestidad e ineptitud de los servidores públicos y cómplices externos que participaron en ella.

No recuerdo quien dijo que un ingeniero es el que hace con un peso lo que cualquiera hace con dos. Pues nuestros servidores públicos hacen con cinco pesos lo que cualquier tonto hace con uno.

Son muchos los sobrecostos  por improvisación y hacer mal las cosas, lo que se suma a lo que desaparecieron y a eso hay que sumarle el sobrecosto de tener que parchar día a día la línea para que medio funcione mal y de malas. La empresa remendadora (que eufemísticamente llaman mantenimiento) debe estar feliz de contratar una renta que es innecesaria en cualquier parte del mundo donde se hagan bien las cosas y actúe correctamente.

Como dijo Adam Smith, el país no se va a levantar mientras los recursos se dilapiden en pagar la ineficacia, ineptitud, incompetencia y deshonestidad de servidores públicos. Y la dimensión del extravío e impunidad la dimensiona, que en vez de meter la cara de vergüenza en el escusado, presuman que son ejemplo mundial y que todo lo que hacen y cuestan es correcto, justo y necesario.

Pero no tiene la culpa el indio…

https://angelpujaltepineiro.com/ , Autor de: La infracultura en la construcción, La anomia, Disección de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ¿A dónde Vamos, México? ¡Fe de Erratas del Desarrollo Nacional! y en proceso de publicación: El descalabro de la razón, La hermana perversa de la Ingeniería Civil y Recensión metafísica.